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No quiere “malvender” el banco público y pretende impulsar las funciones del ICO para apoyar más a las empresas.
 
El nuevo Gobierno del PSOE coincide con el ya ex-Ejecutivo del PP en que Bankia debe privatizarse. Pero no están de acuerdo con los tiempos. Mientras que el PP había decidido en 2017 retrasar la privatización de Bankia a diciembre de 2019 (siempre ha sido España la que decidía sobre las fechas de venta), el PSOE ha sido y hasta el momento parece que sigue igual, partidario de retrasar su venta hasta que no se garantice la recuperación de gran parte de las ayudas que recibió, 22.424 millones de euros.

El retraso en la venta de Bankia también había comenzado a planear sobre el FROB desde hace algún que otro mes ante la baja cotización de los títulos de Bankia. Su capitalización ascendía el lunes a 10.220 millones de euros. A esta cifra habría que añadir 2.122 millones de euros obtenidos con la venta del 14,5% del capital de Bankia (entre 2014 y 2017), y los 535 millones abonados por la entidad en dividendos, y que se encuentran en su matriz, BFA.

Para el PSOE, la privatización de Bankia está en función del nuevo ministro de Economía, y del tiempo que tenga para llevar a cabo esta privatización. Pese a todo, mantienen que no quieren malvender.

Mientras, la cúpula de Bankia se mantiene expectante, y espera que más pronto que tarde el PSOE explique sus planes sobre la entidad. El Gobierno controla el 61% del capital de Bankia.

Dentro de los planes para la banca que está bajo la órbita del Gobierno también se incluye al Instituto de Crédito Oficial (ICO). En este caso, Podemos asegura en su programa electoral que mantendría al ICO como banco público para la financiación de las empresas.

Sería una banca pública de inversión, con gestión independiente del Estado. El ICO asumiría así riesgos que la banca privada no puede, explicaron desde Podemos en las últimas elecciones generales de hace dos años. Este banco público se encargaría de la financiación de las empresas. Sería una banca pública de inversión, con gestión independiente del Estado.

Entre sus planes también está la creación de dos nuevos impuestos a la banca y a las transacciones financieras, cuyo objetivo es financiar el déficit de 18.000 millones de la Seguridad Social. El primero de estos impuestos directos al sector bancario supondría un recargo del 8% sobre el impuesto de sociedades de las entidades financieras.

Este impuesto, anunciado por Pedro Sánchez, hace ya unos meses, ha sido rechazado por todas las entidades financieras que no consideran justo que su operativa sea gravada con más tasas que al resto de las empresas españolas. Lo consideran discriminatorio, a la vez que asegura que puede ser un desincentivo para conseguir nuevos inversores en su capital. Este impuesto, no obstante, ya existe en el Reino Unido, y se aplica de forma similar.

El segundo tributo, que gravaría las transacciones financieras y que se aplicaría a la compraventa de activos de empresas con una capitalización de más de 1.000 millones de euros. Con ambos impuestos, el PSOE calcula que se recaudaría unos 1.700 millones anuales. 

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