La CIC denuncia ante la OIT que varios de los 11 de los sindicalistas que cobraron influyeron en el recorte de derechos laborales

La acusación popular del caso tratará de impugnar los acuerdos laborales en los tribunales

JUNADE PORTILLO 23.05.2018 13,20 CINCO DIAS EL PAIS. COM

El Tribunal Supremo debate estos días sobre los 67 recursos de casación recibidos a raíz de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional contra los 65 usuarios de las llamadas tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia.

Más allá de las consecuencia penales que pueda tener que alto tribunal rebaje las condenas, como piden los exdirectivos y exconsejeros de estas entidades, las incrementen, como soliciten algunas acusaciones, o se limite a ratificar el fallo de la Audiencia, el dictamen puede dejar en el aire la validez de los convenios colectivos firmados en los últimos años en el sector de las cajas de ahorro.

Así lo ha denunciado este miércoles ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que preside Gonzalo Postigo y ejerce como acusación popular en el caso de las visas opacas.

La CIC apunta que 11 de los 65 acusados son sindicalistas de los que seis pertenecen a CC OO; cuatro, a la UGT; y otro más al sindicato de cuadros Accam. Entre todos cargaron 1,356 millones de euros en gastos sin justificar a las tarjetas black, según la sentencia de la Audiencia.

El sindicato que preside Postigo sostiene ahora que ese cobro pudo distorsionar los intereses con los que los representantes de los trabajadores de las centrales mencionadas negociaron los convenios colectivos del sector de cajas de ahorro durante el periodo judicializado, 2003 a 2012.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, aduce que varios de los condenados intervinieron directamente en las negociaciones con la patronal en un periodo en que los acuerdos salariales implicaron fuertes ajustes de empleo, congelación de sueldos y pérdida de derechos, coincidiendo en los últimos tiempos con la reestructuración bancaria que trajo la crisis.

La CIC expone que estos cobros irregulares invalidan la capacidad de los sindicalistas condenados para representar legítimamente a las plantillas, vulnera el convenio C098 de la OIT y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que prohiben este tipo de injerencias.

Bajo este argumentarlo, la Confederación solicita a la OIT y al Gobierno español que se revisen los convenios del periodo mencionado y se restituyan los derechos de los trabajadores que se hayan visto afectados por la distorsión que, aseguran, se produjo.

Una vez la denuncia sea tramitada por la oficina española de la OIT, donde se ha presentado, será enviada al departamento de reclamaciones de Ginebra, que analizará su argumentación y podría pronunciarse al respecto o pedir a España que tome cartas en el asunto. En todo caso, desde la confederación que ejerce como acusación popular en el juicio de las tarjetas black avanzan que su intención es impugnar los acuerdos ilegítimos en los tribunales, para lo que la resolución del Supremo de los próximos días supondrá un elemento clave.

Se da la circunstancia, en paralelo, que la CIC ya ha conseguido tumbar parcialmente la aplicación del último convenio de cajas invalidando la suspensión del pago de un extra que los sindicatosmayoritarios acordaron con la patronal no abonar a sus plantillas. La Audiencia Nacional dio la razón a la confederación, aunque el asunto ha sido recurrido también ante el Supremo.

UGT NIEGA CUALQUIER TIPO DE INJERENCIA

Ante las acusaciones de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) sobre la posible distorsión que pudieran provocar los cobros irregulares obtenidos por varios sindicalistas mediante las tarjetas black en la negociación de los convenios sectoriales, desde UGT explican que tal injerencia es imposible.

El sindicato aclara que tres de los cuatro exsindicalistas de UGT condenados pertenecían a sectores ajenos al financiero (oficinas y despachos, metal y ferroviario) mientras que el único de banca no participó directamente en la mesa de negociación del convenio de cajas.

Más allá, UGT recuerda que no firmó el convenio de 2007 a 2010, en un momento en que las tarjetas black estaban activas (las condenan abarcan el periodo 2003 a 2012) lo que desmontaría cualquier impresión de que su uso motivó determinada posición del sindicato en las negociaciones.

Respecto al resto de sindicatos denunciados, fuentes del sector recuerdan que las mesas de negociación de convenios sectoriales incluyen a representantes de otras entidades financieras, que incluían cajas mayores que Caja Madrid o Bankia, por lo que difícilmente los usuarios de las visas opacas podrían haber influido sobre el resto de sus compañeros y promover recortes de derechos injustificados.

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